Hace un par de semanas el Tribunal Eclesiástico de Bogotá declaró inocente al sacerdote retirado Efraín Rozo de abuso sexual a dos seminaristas hace 40 años.

A simple vista este hecho no tendría mayor relevancia para la opinión pública nacional, pues situaciones como estas, infortunadamente, se presentan con regularidad dentro de la Iglesia católica en el mundo; sin embargo, en este caso resulta particularmente llamativo el hecho de que el clero colombiano, amparándose en los estatutos del Derecho Canónico –tan antiguo y tan ambiguo como la iglesia misma- y la justicia ordinaria, representada en este caso por la Fiscalía, no se hayan tomado el trabajo de abrir una investigación de oficio contra “el cura Rozo”, que coincidencialmente fue denunciado, investigado y condenado por la justicia de Estados Unidos por los mismos delitos el año pasado.

Según las estipulaciones del Derecho Canónico y de la justicia ordinaria de Colombia, luego de un tiempo determinado de cometerse un delito y no ser denunciado, el hecho prescribe, es decir, deja de tener validez como acto punible o sancionable, y por lo tanto al supuesto victimario ni siquiera se le puede iniciar un proceso penal, como ocurrió en el caso de Efraín Rozo.

Lo paradójico de todo este asunto no es tanto que la justicia ordinaria y sí la iglesia colombiana proceda en contra del sentido común, atentando contra la dignidad del país y de sus gentes como diariamente lo hacen, sino que en pleno siglo XXI se atribuyan el derecho a señalar y discriminar a minorías sexuales, políticas, religiosas y culturales sólo por el hecho de controvertir -en el mejor sentido de la expresión- los preceptos que hace siglos se impusieron como reglas de estricto cumplimiento para acceder al perdón y a la gracia eterna, cuando la mentira, la corrupción, y la doble moral hacen de las suyas al interior del clero no sólo en Colombia sino en el mundo.

Nunca antes fue tan claro el alto grado de descomposición que sufren sus estructuras –diseñadas para administrar poder, incluso por encima del Estado, razón por la cual los jesuitas ya fueron expulsados una vez de Suramérica por la Corona española en épocas de la conquista– o por lo menos nunca fueron expuestas de forma tan evidente como sucede el día de hoy, y sin embargo este hecho parece no ser óbice no sólo para lanzar acusaciones a diestra y siniestra contra gobiernos locales y regionales, sino para insinuarse permanentemente como modelos de comportamiento social y moral para el resto de la sociedad.

Resulta curioso – o más bien vulgar- que mientras la iglesia de Boston, EE.UU., tuvo que pagar más de 100 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en el 2006, el Papa Benedicto XVI no sólo pase por alto rechazar reiterada y públicamente semejante atrocidad -enviando un claro mensaje de complicidad al mundo-, sino que haga uso del ángelus dominical, el saludo urbi et orbi, encíclicas y demás espacios dedicados a predicar la doctrina de la fe romana, para señalar la conveniencia de los pastores católicos en la formación de los niños como el principio del encuentro con la gracia divina.

ESTRIBA EN EL COLMO DE LOS ABUSOS QUE LA IGLESIA –DADO EL CONTINUO SEÑALAMIENTO Y “PRESUNTA” PARTICIPACIÓN EN AMPLIOS CASOS COMO LOS DEL SEÑOR ROZO- SE CONSTITUYA EN JUEZ Y PARTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE COMPORTAMIENTO EN LA SOCIEDAD.

Resulta, pues, indignante que mientras la iglesia predica la unión, la solidaridad, el perdón y el respeto entre semejantes, trate a los homosexuales como “desviados objetivos”, reduciendo su preferencia sexual al grado de enfermedad que, aunque no es contagiosa, los inhabilita para participar de las ceremonias eucarísticas y del congraciado y etéreo “cielo”; inconcebible también que tache y condene a ciertas minorías culturales, la del Metal en especial, al calificarlas como grupos de individuos “predispuestos para el pecado” porque sí, por pensar y verse diferente, por lucir ajenos a su mandato y contradecir sus cánones, por no cumplir con la sagrada asistencia a la liturgia que permite, única y exclusivamente, ensalzarse en la gloria divina del por siempre redentor.

Estriba en el colmo de los abusos que la Iglesia –dado el continuo señalamiento y “presunta” participación en amplios casos como los del señor Rozo- se constituya en juez y parte en la construcción de un modelo de comportamiento en la sociedad. Por ello, más allá de las consideraciones religiosas, políticas, sexuales y culturales provenientes desde el tabernáculo supremo, el reto de quienes habitan este país es hacer uso de sus derechos, de sus libertades como ciudadanos, sin agredir el pensar ajeno y en todo sentido, no sólo porque la Constitución así lo consagra y lo permite, sino porque es una de las mejores maneras de evitar que casos como los de Luis Alfredo Garavito y el cura Rozo se repitan una y otra y otra vez, como hasta ahora sucede.

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